HOME SAPIENS SAPIENS, por Adrián Corbella (19 de enero de 2021)

Nuestra especie, el Homo Sapiens Sapiens, ocupa la Tierra desde hace unos 100.000 años. Y, si bien desde un aspecto físico no se ha modificado demasiado, si bien un bebé recién nacido hace diez mil años es exactamente igual a un niño nacido hoy, absolutamente indistinguible, una característica de nuestra especie es la diversidad. Esta diversidad se manifiesta en una serie de cosas muy distintas, como el aspecto físico, las costumbres, la cultura.

Nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra sexualidad o la forma de analizar las cuestiones de género son muy distintas a las que tenía un ser humano de hace diez mil o cincuenta mil años.

Pero no solo somos distintos a otros humanos del pasado. Somos distintos a otras personas de nuestra época: un habitante de una gran urbe como Buenos Aires es muy distinto a un poblador de la Puna de Atacama –en el otro extremo de Argentina- pero también lo es respecto a un nativo de Tokio, o a un integrante de una tribu del Amazonas. E, incluso dentro de una misma zona del planeta, los humanos presentamos diferencias en cuestiones más sutiles como la orientación sexual o las cuestiones de género.

Si pudiéramos dormir 200 años y despertarnos en 2221, toda la cultura de esa época nos parecería incomprensible, seríamos auténticos extranjeros. Y seríamos extranjeros por igual todos: los de distintas culturas y países, los heterosexuales y los homosexuales, los religiosos y los ateos, las “feminazis” y los “machirulos”.

Quizás a la gente de mi generación (tengo 56) estas cuestiones le resultan más difíciles de asimilar que a los más jóvenes, a las generaciones de mis hijos, ya que hace treinta o cuarenta años la consideración de estas cuestiones era distinta –las culturas cambian-. Pero, en la historia de los seres humanos, los cambios son acompañados de continuidades. Hay situaciones que se repiten, aunque cambien los detalles.

Hay que cuestionar  duramente el concepto de “normalidad” que pretenden imponer ciertos sectores de pensamiento jurásico. Desde que nuestra cultura “occidental y cristiana” existe, ha habido tanto heterosexuales como homosexuales. Eso es nuestra “normalidad”: una mayoría de heterosexuales, y una minoría de homosexuales. Pero, no debemos olvidar que la historia de la humanidad es mucho más larga y compleja que nuestra cultura. Y sin irnos demasiado lejos, basta con analizar lo que fue la “normalidad” para dos culturas que son fuentes importantes  en las que se nutrió la nuestra: la griega y la romana. Hemos tomado muchísimas cosas de esas dos antiguas culturas del Mediterráneo: la lengua, los sistemas políticos, la filosofía, la religión (el cristianismo es una religión semítica “romanizada”, por eso la Iglesia se llama “Iglesia Católica Apostólica Romana”), el derecho, el teatro y mucho del arte en general…. La lista es muy larga. Y para esas culturas, que hacen a los fundamentos de mucho de lo que somos culturalmente, lo “normal” era la bisexualidad… Es decir, para un romano o un griego de la época clásica lo “normal” era tener relaciones sexuales con personas de ambos sexos. A cualquiera de ellos le hubiera costado mucho entender tanto nuestro concepto de “heterosexual”, como nuestro concepto de “homosexual”…

Algo similar sucede con las cuestiones de género. En la historia humana ha habido infinidad de culturas que fueron profundamente patriarcales, en las que las mujeres eran sometidas a un rol subordinado. La lucha de las mujeres por lograr una igualdad social, política y laboral con los varones es ya más que centenaria, y si bien ha logrado muchos éxitos, quedan muchas cosas por resolver. Las consecuencias de esta cultura patriarcal se infiltran por todos lados, hasta en el habla; en nuestro idioma el masculino actúa como genérico, y de ahí la introducción del lenguaje inclusivo, el reemplazo de la ”o” por la “e”. Entonces cuando decimos que somos todos “Homo Sapiens Sapiens” estamos usando la palabra “Homo”… ¿Deberíamos decir “Home”?

Por eso, y no debe extrañar, a veces a las personas de mi generación (o mayores) nos pueden resultar extrañas algunas de las tácticas que desarrolla esta lucha, pero lo que es indudable es que el reclamo de una absoluta igualdad para todos los seres human[e]s, sin importar su género, su orientación sexual, u otras características culturales, es completamente válida.

No debemos olvidar que la discriminación hacia determinados colectivos no sólo es social, sino que tiene consecuencias laborales muy negativas cuando se les paga distinto que a integrantes de  otros grupos, o simplemente no se los contrata. Las dificultades para conseguir empleos de los integrantes de algunos colectivos que se alejan demasiado de lo que algunos consideran como “normalidad” es un problema dramático de urgente resolución.

La diversidad es un rasgo estructural del hom[e] sapiens sapiens. Pretender que uno de los grupos de seres humanos representa una autoproclamada “normalidad” y que los demás son extraños no sólo es inaceptable: es absurdo, histórica y socialmente absurdo.

La igualdad en la diversidad es un objetivo que debería ser aceptado por todos.

 

Adrián Corbella

19 de enero de 2021

TODES, por Adrián Corbella (13 de enero de 2021)

 MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DE 2021

El Frente de Todos es, como su nombre lo indica, un  Frente, es decir, una alianza. No se trata de una unión del kirchnerismo y sus aliados, sino de un frente integrado por distintas fuerzas políticas. Al kirchnerismo se sumaron para constituir esa alianza política el Frente Renovador de Sergio Massa y una serie de figuras que pertenecieron en alguna época al massismo (como Felipe Solá o el propio Alberto Fernández), así como otros dirigentes llegados desde otros lugares.

Todos o casi todos los integrantes del Frente de Todos tienen en común el pertenecer, decir pertenecer o haber pertenecido a esa enorme “especie” política argentina llamada  “peronistas”. Sabemos que esa especie se divide en varias tribus, algunas más ordenadas, otras tumultuosas, que se vinculan de distintas maneras, en ocasiones suman sus fuerzas, y en otras se dividen y confrontan. En muchas de las elecciones de los últimos años había representantes de alguna de las múltiples subespecies peronistas en casi todas las listas, en casi todas las fuerzas políticas.

El Frente de Todos se conformó porque sus integrantes tienen muchas coincidencias; pero, no debemos olvidar, que también tienen diferencias. El kirchnerismo y el Frente Renovador, por citar solo a las principales, han tenido históricamente posiciones muy divergentes acerca del chavismo o de la cuestión del lawfare y los presos políticos.

Es normal que en un Frente existan posiciones divergentes en algunas cuestiones. Si fueran todos iguales no harían un Frente, serían todos parte de una misma fuerza política. Uno podría preguntarse entonces porqué se juntan, pero la pregunta tiene una respuesta más que evidente: para ganar o, al menos, para evitar que algún otro gane. Hay una vieja tradición ya casi centenaria, que se remonta a los Frentes Populares europeos de la década del ’30. En esa oportunidad, todos los partidos que se consideraban democráticos se unieron contra las fuerzas fascistas, a las que consideraban no un adversario sino un enemigo, una fuerza de otra índole, de una condición inaceptable.

En la Argentina de 2019 lo que se quería evitar era la permanencia en el poder del macrismo, que además de una política socio-económica realmente perniciosa, mostraba rasgos autoritarios y desprolijidades institucionales preocupantes.

Cristina Fernández venía buscando una alianza de este tipo desde 2015, cuando impulsó a una figura moderada como Daniel Scioli; lo reafirmó a comienzos de 2016, con el discurso frente a los tribunales de Comodoro Py; volvió a intentarlo en 2017, negociando hasta último momento la unidad con Florencio Randazzo; insistió en 2018, coqueteando con Alberto Rodríguez Saa; y lo logró finalmente en 2019, con la candidatura de Alberto Fernández y la incorporación de Sergio Massa, de Felipe Solá y de varios gobernadores extremadamente moderados.

Los kirchneristas argumentamos (con razón) que aportamos probablemente tres cuartas partes de los votos del FdT. Voto más, voto menos, es correcto. Pero, sin ese otro sector más moderado, hubiera habido un empate en torno a 40% de los votos, y una “definición por penales” (ballotage) de resultado incierto. Aún en el caso de haber ganado esa definición, la gobernabilidad hubiera sido deplorable.

Mantener esa unidad es algo absolutamente vital para evitar un regreso al poder de la otra alianza, la alianza de derecha que es tan poco afecta a los valores “republicanos” -pese a que los declama todo el tiempo-.

Luchar por mantener la unidad tampoco significa aceptar cualquier cosa. Es perfectamente válido que el votante reclame a sus autoridades, plantee sus inquietudes y sus necesidades.

El tema judicial es una de las cuestiones institucionales más inquietantes, porque vivimos con un sistema judicial que invade jurisdicciones de otros poderes y emite resoluciones que son difíciles de justificar a partir de la Constitución y las leyes. Que se continúe juzgando o se haya condenado a dirigentes políticos de la etapa anterior a 2015 en “juicios” de una desprolijidad alarmante nos resulta inaceptable; nos parece una afrenta muy dolorosa la permanencia en prisión de esos mártires.

Quizás debamos tomar nota de experiencias recientes. El 17 de octubre de 2020 el gobierno no deseaba movilizar, hizo lo imposible por desactivar cualquier evento presencial. La movilización se dio igual por presión desde abajo, y terminó fortaleciendo al FdT en un contexto en que la oposición avanzaba con protestas callejeras realmente destituyentes.

Esa experiencia no debe ser olvidada. Esa experiencia es útil y valiosa.

Adrián Corbella

12 de enero de 2021

Publicada en MIRANDO HACIA ADENTRO y ERASE UNA VEZ EN PERONIA

LAWFARELAND REPUBLIC, por Adrián Corbella

 

En una democracia las autoridades son elegidas por el pueblo. En Argentina es así al menos con las autoridades ejecutivas y legislativas. En cambio los funcionarios judiciales son nombrados con un procedimiento muy complejo en el que intervienen, en forma indirecta, las autoridades elegidas por el pueblo.

La designación de los jueces no sólo se vincula de una manera indirecta al voto popular sino que, por su continuidad en el cargo hasta su jubilación a los 75 años, representan al voto popular de otra época, a veces muy alejada.

La Corte Suprema de Justicia de hoy está integrada por dos jueces nombrados en tiempos de Macri (Rosenkrantz y Rosatti), dos en tiempos del kirchnerismo (Highton y Lorenzetti) y uno en tiempos de Duhalde (Maqueda). Esta pervivencia de los jueces en el cargo es a veces más dramática: el 1 de febrero de 1918 nació en Salta Carlos S. Fayt, jurista que fue nombrado Juez de la Suprema Corte en diciembre de 1983 en tiempos del Presidente Alfonsín. Permaneció en su cargo hasta su muerte, ocurrida el 22 de noviembre de 2016, a sus jóvenes 98 años. La permanencia de Fayt en el cargo 23 años más allá de su fecha de jubilación obligatoria fue producto de una decisión judicial, como lo es hoy la permanencia en el cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, que cumple en estos días (el 7 de diciembre) 78 añitos. Las causas son dispares, pero lo interesante es que ambos no han cumplido con la norma que los obligaba a jubilarse.

La Corte decidió hace pocos días la permanencia en sus cargos, hasta que se designen otros por concurso, de tres jueces designados en tiempos de Macri con un procedimiento que la propia Corte reconoce, en su fallo, como irregular. Pero pese a esta irregularidad los supremos han decidido que estos magistrados  no sean reintegrados de inmediato a su lugar de origen (otros tribunales de menor jerarquía), como habían decidido  el Senado, el Consejo de la Magistratura, el Presidente, y algunos jueces ante los cuales los afectados presentaron recursos. Se mantienen en una suerte de subrogancia informal, manteniendo un cargo para el cual la propia Corte reconoce que no fueron correctamente designados.

La misma Corte ha decidido en estos días no pronunciarse sobre los recursos presentados por los abogados del ex vicepresidente Amado Boudou, quienes denuncian enormes irregularidades en una causa donde le aplicaron una condena de cinco años y medio de prisión. Tomemos nota de que la Corte no se digna analizar si la condena contra un ex vicepresidente se hizo o no conforme a derecho. Que queda para los simples mortales.

Por último, y podríamos citar más casos, la Cámara de Casación ha dado por válidas las actuaciones judiciales en la causa llamada “Cuadernos”, pese a que se utilizó en ella la llamada “Ley de arrepentidos” –posterior a los hechos de la causa- aunque no se la cumplió plenamente, ya que se tomaron declaraciones sin registro audiovisual de los testimonios. Hubo además insistentes denuncias de prácticas extorsivas sobre los empresarios “arrepentidos”, los cuales, extrañamente, si decían que eran culpables se iban a su casa, pero si afirmaban ser inocentes permanecían presos. Práctica que, como mínimo, resulta curiosa.

De estas irregularidades encadenadas nace el lawfare, la criminalización de los opositores a partir de la acción de un bloque de poder que incluye políticos, periodistas, jueces y el poder económico. Algún dirigente político hace una denuncia, los medios la difunden, la justicia inicia una causa, y luego, con pruebas débiles o inexistentes, se llega a un juicio y, a veces, incluso a condenas. Como dijo con pasmosa sinceridad el juez brasileño Sergio Moro, él condenó al ex presidente Lula no por las pruebas recogidas (nulas) sino por su “íntima convicción” en la culpabilidad del dirigente del PT. El juez asume un rol divino, se entroniza en el Olimpo de los juristas.

El lawfare, la persecución  judicial sistemática de los opositores, se entrelaza simbióticamente con el control de la constitucionalidad de las leyes y con la judicialización de la política. Son fenómenos distintos pero paralelos, distintas caras de una misma moneda, que la derecha maneja distinto según se encuentre en el gobierno o en la oposición.

La situación del Judicial es, por lo tanto, la de un poder que no depende del voto popular, un poder casi monárquico cuyos cargos son virtualmente eternos, que es el encargado de interpretar las reglas del juego, pero no las aplica para sí mismo. Un poder que interpreta las leyes pero se considera por encima de ellas. Y se autocontrola.

Ya lo dijo, en 1886, Domingo Faustino Sarmiento: “Una Constitución pública no es una regla de conducta para todos los hombres. La Constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. No queremos exigir a la democracia más igualdad que la que consienten la diferencia de raza y posiciones sociales.”

Esta situación tan poco democrática debería ser resuelta desde la política. El tema es que no resulta tan sencillo hacerlo, en las actuales circunstancias.

Uno escucha y lee a votantes del FdT quejarse del accionar del actual gobierno con el argumento de que en tiempos de Néstor Kirchner, que había sacado 22% de los votos, se pudo cambiar a la Corte Suprema, y que hoy, habiendo sacado 48%, parece no poderse. Estos ciudadanos encuentran la causa en la falta de capacidad y voluntad política de las actuales autoridades, que son una coalición de sectores afines pero con diferencias, unos más radicales y otros más moderados.

El Frente de Todos recuerda en muy alto grado a los Frentes Populares que en los años ’30 se formaron tratando de frenar el crecimiento de los fascismos. El FdT es una alianza de todos los que no querían que siguiera gobernando una derecha de principios democráticos entre débiles e inexistentes, y de políticas económicas parecidas a un tsunami eterno.

El tema es, en realidad, más complejo que la supuesta falta de decisión política de los dirigentes de esta alianza que derrotó a la derecha: sucede que la situación es muy distinta a la de comienzos de siglo.

En 2003 la derecha venía de un fracaso estrepitoso. Estaba atomizada, no tenía dirigentes capaces de mostrarse competitivos en una elección presidencial, y no tenía ni la más mínima posibilidad de llegar al poder por el voto.

La derecha actual ganó la elecciones de 2015 y logró, tras cuatro años de gobierno realmente espantoso, mejorar su performance electoral respecto a cuatro años atrás, aunque haya perdido las elecciones. No debemos olvidar que Macri había obtenido en 2015 sólo un 34% de los votos, mientras que el año pasado llegó al 40%. Este bloque monolítico de la derecha controla un poco más de un tercio de ambas cámaras, lo que le permite bloquear decisiones que requieren de una mayoría de los dos tercios, como ser el nombramiento del procurador, de jueces de la corte o la realización de juicios políticos.

Controla además la Capital Federal y, por decisión del entonces presidente Macri, también a las fuerzas de seguridad de la misma, lo cual ya generó varios conflictos con el gobierno central, el último durante el sepelio de Diego Armando Maradona. La autonomía porteña, decidida por los constituyentes de 1994, y la transferencia de la Policía Federal a la ciudad, decidida por el macrismo en 2016, ha generado un regreso al pasado. Como pasaba hasta 1880, el Presidente es “huésped” en un distrito que no gobierna, que le pertenece a otro. La federalización de Buenos Aires, por la que tanto se luchó, por la que tanta sangre se vertió, ha sido anulada en la práctica por decisiones irresponsables o malintencionadas.

La derecha cuenta también con un vínculo muy sólido con el poder judicial, que se hace patente en dos cuestiones muy transparentes: En primer lugar, lo fácil que es bloquear decisiones de gobiernos peronistas apelando a la justicia, y lo difícil que es lograr lo mismo cuando gobiernan los liberales. La otra prueba es el desarrollo tan dispar de los juicios contra ex funcionarios de uno y otro bando, que en un caso suben por una escalera –cuando suben-, y en el otro en una nave espacial que avanza arrasando con leyes y principios constitucionales.

Finalmente, mientras que en los primeros años del siglo el neoliberalismo estaba en retroceso en América Latina, y en muchos países surgieron fuerzas populares progresistas y de centro izquierda que terminaron aliándose contra los conservadores, hoy vemos a nivel regional y mundial  la emergencia de una derecha fanática y violenta con fuertes rasgos neofascistas, y con una tendencia a combinar internacionalmente sus fuerzas para apoyarse unos a otros.

En definitiva, cuando un gobierno popular pierde, pierde. Cuando la derecha pierde empata, porque conserva una cuota de poder enorme en diversas instancias. Por el contrario, cuando la derecha gana, se acerca a la Suma del Poder Público, mientras que cuando los ganadores son fuerzas peronistas o de centroizquierda, la victoria tiene sabor a empate, ya que existen mecanismos institucionales muy aceitados para neutralizar esta victoria entregando a los vencedores el gobierno, pero no el poder.

La democracia está en riesgo en la medida en que existen mecanismos institucionalizados que tuercen esa voluntad popular. Mecanismos que impiden que las autoridades elegidas por los ciudadanos realicen transformaciones estructurales que afecten los intereses de los más poderosos, pero permiten estas transformaciones cuando los afectados son los sectores populares.

Por eso parece poco apropiado comparar el 2003 con el 2020. Estamos en otro mundo, más violento, más fanático, menos democrático, más peligroso. Será necesario encontrar estrategias nuevas para resolver problemas nuevos.

Puede que el gobierno que preside Alberto Fernández, que enfrenta además la situación inédita de la pandemia, no los esté encontrando. Pero, suponer que puede hacerse lo mismo que en 2003 sin tener en cuenta todas estas diferencias, es hacer un análisis que presenta muchas debilidades.

 

Adrián Corbella

5 de diciembre de 2020

 Publicado en MIRANDO HACIA ADENTRO y en ERASE UNA VEZ EN PERONIA